Lunes, agosto 17th, 2009
ANDRÉS LAJOUS 17/08/2009
En las elecciones intermedias en México el 5 de julio, a nivel nacional, la cifra de votos nulos fue de alrededor del 6% de la votación total (considerando los “votos nulos por error” diversos cálculos establecen el “voto nulo voluntario” entre 2 y 4% de la votación), y en varios estados de la República llegó a superar el 7%, por arriba de algunos partidos políticos. En particular llama la atención que en la capital del país el voto nulo fue de alrededor del 11 por ciento de la votación total.
Hoy sabemos, gracias a la encuesta de salida hecha por la empresa Parametría, que el votante anulista pertenece a la clase media, tiene mediano y alto nivel educativo, y sobre todo es opositor a gobiernos, a los locales y al nacional indistintamente. Lo más sobresaliente en términos políticos es que los anulistas son personas que desaprueban a los gobiernos en turno, pero que no están convencidos de que los partidos de oposición puedan ser eso: oposición. Es decir, pareciera que el llamado de atención del voto nulo no sólo es para quienes tienen las mayorías en los órganos de gobierno, sino para quienes desde las minorías no han logrado construir una alternativa creíble al statu quo.
En cambio, aunque no sabemos cómo estaba compuesto el electorado anti-anulista (que no es lo mismo que quienes votaron por un partido) hay ciertos patrones en sus argumentos que nos permiten ver sus preocupaciones, a todas luces conservadoras.
El economista Albert O. Hirschman decía que hay tres lógicas argumentativas que históricamente usan los reaccionarios en contra de quienes argumentan la necesidad de importantes cambios políticos y sociales. Ésas son: perversidad, futilidad, y riesgo. La primera condena el cambio, con el argumento de que sus promotores lograrán lo opuesto a sus objetivos. En el caso del voto nulo se decía que los anulistas en vez de debilitar la rigidez del sistema de partidos, la fortalecería. La segunda, condena el cambio por considerarlo inútil. Este solía ser el alegato más frustrante, pues predice que no importa lo que hagan las y los ciudadanos, el sistema político no va a cambiar. La tercera advierte que si los objetivos de quienes piden los cambios se logran, entonces perderán otras conquistas ganadas. El argumento más estridente en contra del anulismo decía que dañaría las instituciones democráticas, y que pondría en juego las libertades básicas que tantos años (y muertos) han costado. De manera coloquial la advertencia reaccionaria se podría expresar así: ni le muevan al sistema político porque: a) les va a salir el tiro por la culata, b) van a perder el tiempo, y c) van a perder lo ganado.
Estos críticos conservadores lo que no lograron ver es que la discusión política es el primer paso para generar algo que la democracia mexicana siempre ha envidiado a otros países: la formación de capital social. A partir de lo que hoy se conoce en México como el movimiento anulista, se formó la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), conformada por alrededor de 70 organizaciones con muy diversos intereses y orígenes. En una primera sesión, la ANCA acordó promover la discusión legislativa en por lo menos tres grandes temas vinculados a la participación política: 1) la implementación de mecanismos de democracia directa, 2) la reducción del financiamiento a los partidos políticos y el incremento de mecanismos de rendición de cuentas, y 3) la apertura a la participación electoral con candidaturas independientes. El capital social es eso, ciudadanos que establecen relaciones a partir de sus intereses y anhelos compartidos, y que en este caso, se ponen a pensar en las formas de refundación de la democracia mexicana.
La fuerza del movimiento anulista reside en la posibilidad de volver a abrir el espacio para la creatividad pública. En una situación de reconocimiento, pero al mismo tiempo de marginación de la instituciones formales, de poco servirán tanto las propuestas tradicionales como las tácticas comunes. Si algo hay que aprender de quienes participaron en la construcción de las instituciones democráticas a finales del siglo pasado, es que la creatividad y la imaginación son los mejores instrumentos para avanzar en la democracia.
Todavía no sabemos cuáles son las innovaciones institucionales que México puede volver a aportar a los sistemas democráticos que existen, como fue la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. Sin provocar más discusiones, más públicas y con más participantes, no podremos saber qué nuevas oportunidades estamos perdiendo para tener una mejor democracia que deje a los ciudadanos más satisfechos con sus mecanismos de gobierno. Por esto, tendrá que ser una discusión en la que participen miles de personas, que todavía no conocemos, con argumentos propios, y que tendrán que ser escuchados, sean cuales sean, con el respeto que implica la igualdad política.
Esta discusión podría tener un importante avance si empieza por cuestionar la homogeneidad institucional que el centro le ha impuesto históricamente al resto del país. Si en México empezáramos por hacer atrevidos experimentos institucionales a nivel local y estatal podríamos ir aprendiendo de lo mejor y lo peor que nos puede ocurrir en términos de organización de la forma de gobierno. Si contáramos con muchos aunque pequeños casos de éxito y fracaso, podríamos protegernos de los riesgos innecesarios que todo experimento implica, pero al mismo tiempo documentar las bases del optimismo que exige el cambio político.
Andrés Lajous es Maestro en Planeación Urbana por el MIT y activista político.
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Martes, junio 23rd, 2009
Existen dos causas para explicar la decisión de anular el voto en las próximas elecciones del 5 de julio por parte de una buena parte de la sociedad mexicana: el modo de actuar de la clase política y el sistema de partidos.
Como hemos explicado en un anterior post, este movimiento está creciendo de forma relevante a medida que pasan los días de esta campaña electoral. Y lo hace como modo de protesta hacia unos dirigentes incapaces de inmiscuir a una sociedad totalmente apartada de la toma de decisiones.
Sin embargo, y según comentan la mayoría de los analistas, el problema radica en la imposibilidad de reelección de los políticos en sus cargos. En México (y en buena medida en toda América Latina) existe una especie de psicosis ante la posibilidad de que un gobernante se perpetúe en su puesto, después de que Porfirio Díaz estuviese de manera dictatorial más de 30 años como presidente de la República, en lo que se dio a llamar como el Porfiriato.
Esta no reelección genera dos fenómenos de gran importancia: por un lado, los políticos no tienen la necesidad de rendir cuentas (factor de desarrollo democrático) a los ciudadanos, con lo que estos se ven incapaces de castigar o premiar a sus gobernantes; y, por otro lado, implica una manera de hacer carrera política basada en brincar de un puesto a otro, del nivel federal al estatal y después al local, y así sucesivamente -denominado reelección indirecta-, con el beneplácito de la cúpula del partido, que es realmente a quién le tienen que rendir cuentas para poder ser seleccionado para algún cargo.
De esta manera, lo que realmente preocupa a los políticos es hacer campaña dentro del partido, dar la imagen de lealtad hacia una elite de dirigentes totalmente anquilosadas. Resultado: la ciudadanía se queda al margen.
Sin embargo, la crítica a este factor del sistema electoral, como causa directa del déficit de representación del pueblo mexicano, se extiende hacia terrenos peligrosamente resbaladizos:
Se está empezando a cuestionar a los propios partidos no sólo en base a sus actuaciones, sino que también por el mero hecho de serlo. Una parte de los que promulgan el voto nulo buscan debilitar a los partidos políticos, claramente aventajados en cuestiones económicas y fiscales, para favorecer a las plataformas ciudadanas; incluso a ciudadanos con aspiraciones políticas personales. La operación es sencilla: si los partidos y los políticos están tan encerrados en sí mismos que no dejan oportunidades a la población civil, que sea ella misma quien se haga cargo de la situación política del país.
No creo que sea la solución del problema. Unos partidos políticos fuertes son sinónimo de estabilidad, de alternancia en el poder, garantizan la pluralidad. Y no sólo eso, en una sociedad limitadamente informada y desinteresada por la política, su color, sus símbolos, sus escudos sirven como atajos cognitivos que ofrecen a la ciudadanía la información necesaria para saber las políticas que se van a llevar a cabo.
El apoyo a plataforma ciudadanas, difusas en sus planteamientos, o a una candidatura individual sin una estructura partidista que lo sustente, cargada de simbología personalista y populista, podría tener consecuencias negativas para la democracia y la estabilidad gubernamental. Sería mucho mas eficaz (como ya algunos promotores del voto nulo están viendo) exigirle a los partidos que se abran a la sociedad, que dejen penetrar en sus ejecutivas a ciudadanos que no pertenzcan por casta a la clase política, y que interactúen a través de los nuevos medios de comunicación con esa población ansiosa de ser escuchada y tomada en consideración.
A pesar de los problemas políticos en los que está inmerso México, basados principalmente en la corrupción, el papel estabilizador social que juegan los partidos debe ser defendido. Y la experiencia europea así lo demuestra.
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Viernes, junio 19th, 2009
Continuando con nuestra contextualización del proceso electoral México-2009, acudimos el día 17 de junio al ciclo de mesas redondas Voto Razonado, organizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE).
Este organismo, la máxima autoridad electoral, y que tras la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en 2007, ha ganado en protagonismo y poder. Tiene entre sus atribuciones: vigilar la legalidad de la comunicación política electoral de los partidos (dedicando especial atención a campañas negras o negativas); regular a los medios de comunicación en materia electoral y administrar los tiempos del Estado; revisar las acciones de funcionarios públicos, de partidos y candidatos; además de coordinarse con el resto de los organismos electorales.
Es posible que, como muestra el artículo publicado por la periodista Daniela Sánchez en la revista Entorno Político “Desafío del IFE: recuperar credibilidad”, publicado en el mes en curso, este paquete de atribuciones esté generando una sobrecarga imposible de cumplir eficazmente por el Instituto en esta contienda.
Pero eso no es todo. Dentro de este contexto ha surgido otro problema, tema toral de las mesas redondas: Desde hace un par de semanas, un movimiento ciudadano espontáneo, movilizado a través de los numerosos recursos de Internet, y al que se ha sumado buena parte de la intelectualidad de este país, está defendiendo la posibilidad de acudir a las urnas el próximo 5 de julio y anular el voto.
Este tipo de conducta deriva del sentimiento de desafección hacia la clase polítíca por una ciudadanía cada vez más apartada de la toma de decisiones y, por lo tanto, con un claro déficit de representatividad, sumidos al abuso de partidos cada vez más poderosos, cada vez más herméticos, y cada vez más compinchados entre sí, recelosos de perder la parcela de poder que les ha tocado.
En definitiva, este movimiento anulista pretende crear un ambiente de crispación en torno a esta clase política. Realmente, y en términos de sistema electoral, no existe ninguna validez jurídica directa para este tipo de voto, pero creo que eso no es lo más importante. El objetivo principal es dar un toque de atención a la clase política y, que ella misma, vea la necesidad de una serie de cambios en la forma de hacer política en este país.
Los expositores declararon que en una encuesta realizada a raíz del auge de este movimiento, los resultados indicaron que el 5% de los encuestados estaban decididos a anular su voto; mientras que un 10% se encontraba aún indeciso entre algúna opción partidista o anular su sufragio.
De esta manera, estamos asistiendo a un fenómeno de consecuencias desconocidas, y que seguirá dando de que hablar incluso después del 5 de julio.
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